La Misión del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial, es ser la autoridad especializada en el Estado con jurisdicción en menores infractores, encargada de vigilar en todo momento el cumplimiento de la legalidad en el procedimiento y el respeto a los derechos de los adolescentes sujetos a los ordenamientos de la materia, a través de procesos acusatorios y orales, en los cuales, se pondere el nuevo paradigma constitucional de garantías procesales tanto de la víctima como del acusado, en donde la concepción del infractor se basa, entre otros, en el principio de responsabilidad limitada y en el de intensidad diferenciada de las medidas a ellos impuestas, al dictar las resoluciones de conformidad con las medidas de orientación, protección y tratamiento para adolescentes, acordes a las circunstancias y necesidades de los mismos, tendentes en todo momento a garantizar su reinserción a la sociedad.

VISIÓN

El Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, tiene como visión consolidar el sistema garantista, acusatorio y oral en materia de menores infractores en el Estado de Durango, contando para ello con un equipo de especialistas en materia minoril, los cuales a través de la práctica de valores y un enfoque humanista impartan una justicia social, correctiva y educativa, que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden social.

OBJETIVOS

Posicionar a la justicia para menores como parte del desarrollo del Estado, a través de la impartición de una justicia social, correctiva y educativa, la cual contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden social.

Promover el interés superior del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con arreglo de la ley, a través de la imposición de las medidas concretas.

Garantizar la especialización del personal que tiene contacto de alguna forma con los menores, a través de la enseñanza profesional y la impartición de cursos de capacitación y actualización.

Promover el interés superior del menor privilegiando las medidas que conduzcan a su reintegración familiar y social, así como la aplicación de los medios alternos de justicia.